Por Julián Donaire García. Compañero del IAM y Secretario de Formación y Comunicación de la SSI.

El 29 de marzo el Gobierno firmó un acuerdo con los sindicatos. Acuerdo en el que lo más relevante fue la oferta de empleo en los próximos tres años.

Los titulares de prensa eran ilusionantes:

• La oferta histórica de empleo público incluirá 129.700 plazas en sanidad y 98.807 en educación (El País).
• La "histórica" oferta de empleo público beneficiará a cerca de 350.000 trabajadores (Expansión).
• Hacienda anuncia hoy la mayor oferta de empleo público de la historia a los funcionarios (El Economista).
• Más policías, médicos, profesores y jueces: Así será la mayor oferta de empleo público de la Democracia (El Mundo).
• Así será la mayor oferta pública de empleo: hasta 350.000 puestos fijos y más reposición de jubilados (El Mundo).

El primer efecto engañoso es que las personas que desconozcan la administración se piensan que se van a crear 350.000 nuevas plazas y que un número similar de parados dejará de serlo. La mayoría de estas plazas están ocupadas por personas con contratos temporales, por lo que no disminurá el paro, lo que disminuirá será  la precariedad laboral.

Pero cuando te pones a ver la letra pequeña te das cuenta de que la oferta de empleo discrimina a los Ayuntamientos frente a  la Administración Central y la Autonómica. Parece ser que los servicios que prestan las primeras son menos esenciales que los que prestan las segundas. Parece ser que la administración más cercana a los ciudadanos, la administración que trabaja en el día a día con los problemas de los españoles y españolas no es esencial.

Por un lado se pretende acabar con el problema de la temporalidad convirtiendo en plazas fijas la mayoría de las plazas cubiertas ahora por temporales. Algo que tiene un coste cero para la administración. No implica incrementar el gasto, solo reducir la temporalidad. Pero los interinos de la administración local tendrán que esperar. Salvo los que sus plazas sean objeto de consolidación según el EBEP, aprobado en 2007. Han pasado 10 años y todavía seguimos dando vueltas y vueltas. El número de temporales se ha incrementado, pero solo se ofertaran las que sean servicios esenciales y objeto de consolidación. Lo que en otras épocas era una buena noticia para un interino ahora se convierte en un problema. Saldrá su plaza, pero solo su plaza, no todas las vacantes. La valoración de la experiencia será prácticamente igual para todos, pero solo unos se juegan la plaza. ¿Qué problema habría habido para sacar todas las plazas de temporales a la vez? En el Organismo en el actualmente estoy, en el IAM, la mayoría de los temporales lleva entre 9 y 15 años. Desde el 2003 no se dio la oportunidad a nadie para poder ser fijo. A la mayoría se les hizo un proceso selectivo para poder ser laboral temporal, pero en todo este periodo no ha habido tiempo para hacerles un proceso selectivo para adquirir la condición de fijo.

Personalmente a mi no me afecta, llevo más de 35 años en este Ayuntamiento. Pero como persona que soy, me afecta la situación por la que están pasando mis compañeros y compañeras. No soy impermeable. 

Volvamos a los titulares. En el 2014, en El Mundo salió este titular "Madrid tendrá una sola tarjeta multiservicios por idea de sus funcionarios" (http://www.elmundo.es/madrid/2014/12/02/547db1ee22601d314c8b4582.html) El funcionario que ideó este proyecto no era un funcionario, era un laboral temporal, de esos que entraron en el 2003 tras un proceso selectivo, se aburrió de su situación y decidió dejar el IAM. Y de la famosa tarjeta... nunca más se supo. El caso de esta persona no es único, la mayoría del personal temporal está altamente cualificado y ocupa puestos estratégicos. Siguen siendo temporales, sin la mínima posibilidad de una carrera profesional.

El problema de este "Acuerdo Histórico", no es solo que a los temporales de los ayuntamientos no se les da una salida a su situación. El problema es que los servicios públicos son prestados de manera deficiente porque cada vez cuentan con menos plantilla.

En las últimas semanas hemos visto como problemas informáticos han puesto en jaque al mundo entero. Los hospitales ingleses se vieron obligados a suspender operaciones. Poco después la caída del sistema informático de British Airways provoco retrasos a nivel mundial y grandes pérdidas a la compañía. En marzo el metro de Madrid sufrió un error informático forzó a desalojar la red de metro y la semana pasada 50 estaciones no funcionaban los tornos. ¿Seguimos pensando que los informáticos no son un servicio esencial?

¿Que pasaría si los que hacen las nóminas a los funcionarios dejaran de hacerlas? ¿Que pasaría si los funcionarios que gestionan las pensiones dejaran de prestar su servicio? ¿Qué pasaría si dejaran de atender al público los funcionarios municipales? Si este país ha estado funcionando sin Gobierno ha sido porque los funcionarios han estado realizando su trabajo, tanto los que el gobierno llama esenciales y los que no los considera esenciales.

Desde el 2011 cada vez que se jubilaba un empleado público su plaza no se cubría. Se empezaron a hacer excepciones con los llamados servicios esenciales. El primer año se cubrían la mitad de las jubilaciones y actualmente todas. Los servicios no esenciales ese año se les permite que se cubran la mitad de las jubilaciones. No es necesario ser Ministro de Hacienda para saber que esto implica un detrimento del servicio que se presta al ciudadano. A eso hay que añadirle que la aplicación estricta de la jornada de 37,5 horas solo ha servido para aumentar el descontento entre la plantilla. ¿A quién puede interesar que los Ayuntamientos presten un mal servicio al ciudadano? El Ministro que ha impulsado esta situación es el mismo que creó la ley de amnistía fiscal que ha tumbando, aunque tarde, el Tribunal Constitucional. Una anmistía de la que se felicitan defraudadores y corruptos.