Esperanza Aguirre ha empezado a aplicar la nueva reforma laboral para el personal que tiene contratado en la Administración. Una de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid, Gedesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente), despidió hace dos semanas a ocho de sus trabajadores alegando causas económicas —describiendo una situación de insuficiencia presupuestaria como recoge la reforma laboral—, productivas y organizativas. La empresa se dedica principalmente a la gestión de residuos. Los ocho despedidos, de una plantilla de 42, llevaban en la empresa entre 6 y 18 años.

Según fuentes sindicales, se trata de cinco hombres y tres mujeres: dos ingenieros, un encargado de planta, dos administrativos, una empleada de recursos humanos y otra de sistemas que se acababa de incorporar tras una baja de maternidad. La reforma laboral, publicada en el BOE el pasado 11 de febrero, incluye un cambio en el Estatuto de los Trabajadores (artículos 52 c y 51), en una de sus disposiciones adicionales, que es en la que se apoya el Gobierno regional.

Las cartas de despido de Gedesma afirman que la Consejería ha reducido en 2012 la dotación presupuestaria de la empresa pública en 1,5 millones con respecto al año anterior. Señala además que ya no obtiene ni obtendrá a medio plazo ninguna subvención de la Unión Europea. “Todo esto ha supuesto a Gedesma un claro perjuicio económico que trae como consecuencia directa la imposibilidad de seguir llevando a cabo el mismo volumen de trabajo”, sostiene la carta.

Los despidos en las empresas públicas por causas económicas ya estaban recogidos en la anterior legislación laboral, pero la reforma introduce el concepto de “insuficiencia presupuestaria” como uno de los argumentos que facilita el despido en el sector público. Eso es lo que describe la carta. El profesor de Derecho del Trabajo de la Complutense Jesús Lahera señala que, pese a que no se diga expresamente en la carta, en este caso se ha aplicado la nueva normativa, con la que “queda clara la definición de causa económica y organizativa en el sector público para personal laboral”. Y añade: “Antes, esta empresa podía haber elaborado la misma argumentación con más riesgo de improcedencia en una impugnación judicial. Ahora, el riesgo disminuye”.

La Consejería niega haberse acogido a la nueva legislación laboral, pese a que las cartas datan del 24 de febrero. Los despidos están hechos “sobre la ley anterior”, asegura la gerente de Gedesma, Nerea Alzola, que sin embargo reconoce sobre la reforma: “Si cabe, las causas son menos exigentes y más laxas”. Los despidos, prosigue, “cumplen esta reforma laboral y la anterior”. A la pregunta de por qué no se hicieron efectivos antes, Alzola responde que se planeó para octubre o noviembre, pero que la elaboración de informes y la negociación para recolocar a algunos empleados atrasó el asunto. Los despedidos iban a ser 12, señala, y asegura que sigue negociando con cinco para recolocarlos. “Los demás no han llamado a mi puerta”, añade.

“Los mismos que rebajan la dotación económica son los que alegan después falta de presupuesto, con una indemnización de 20 días por año”, afirma la secretaria del sector de Administración Autonómica de UGT de Madrid, Eva López Simón. “Es una perversión del sistema”, añade Javier Díaz Toril, de CCOO, que defiende además que el trabajo de Gedesma es “un servicio público que no es rentable a nivel económico pero sí socialmente”.

“La Administración está creando más desempleo”, afirma López Simón. “Resulta intolerable que la Comunidad de Madrid destruya empleo estable alegando causas económicas cuando hoy es noticia que es la única comunidad que sí cumple con el objetivo de reducción del déficit”, concluye.