El pasado 9 de febrero pudimos conocer, por su publicación en Ayre, el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece el régimen de regalos que reciban el Alcalde, los Miembros de la Junta de Gobierno, los Concejales con responsabilidades de gobierno, los Concejales-Presidentes de los Distritos, los titulares de los órganos directivos y los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, de 5 de noviembre de 2015. De su título y lectura me llama poderosamente la atención la inclusión genérica de los empleados públicos.

Obvio comentar lo delicado que siempre ha sido el asunto de los regalos a los empleados públicos. El triste pasado de una dictadura donde no faltaban funcionarios mal pagados (eso lo eran prácticamente todos) que “complementaban” sueldo con la aceptación de “regalos”, no siempre entregados de manera gustosa, es un fuerte condicionante. No olvidaré jamás la imagen que presencié siendo adolescente cuando, acompañando a mi madre al mercado, asistí a como se acercaba a la pescadería en la que esperábamos nuestro turno un policía municipal de uniforme (y supongo que de servicio) para recoger una merluza de “regalo” y al despotrique posterior de la clientela escandalizada con el policía y comprensiva con la pescadera forzada a regalar.

Los azares de la vida quisieron que acabase trabajando en relación con el comercio como Inspector de Consumo y pronto conocí las aventuras poco edificantes de algunos de mis predecesores de la antigua Ronda de Abastos, entre las que no faltaban historias de comerciantes “agradecidos” que obsequiaban a estos funcionarios de la forma más variada.

En mi actividad profesional he conocido intentos de agradecer mi trabajo con algún obsequio, algunos sinceros como los de consumidores a quienes he informado de sus derechos o atendido en sus reclamaciones y otros más dudosos (cuando no abiertos intentos de compra de voluntades), que afortunadamente se han contado con los dedos de una mano, por parte de comerciantes. He tenido siempre claro que los primeros había que rechazarlos amablemente explicando al ciudadano que el mejor agradecimiento es pagar los impuestos que sustentan nuestros salarios y los segundos rechazarlos menos amablemente y, según el caso, incluso abriendo expediente sancionador.

Me pareció correcto cuando el EBEP estableció, en su artículo 54. 6 (principios de conducta) que “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

Antes de él y desde entonces no han faltado, desgraciadamente, las historias de responsables políticos y administrativos enfangados por la corrupción, conectados con poderes económicos a los que han facilitado pingües beneficios y que han obtenido “mordidas” de ellos. Por ello, además de luchar contra esa corrupción me parece bien que se refuercen comportamientos éticos de nuestros gobernantes y de quienes desde ostentan posiciones de especial responsabilidad en la administración, que son quienes pueden verse inmersos en esas relaciones sociales y de cortesía, donde es necesario separar el grano de la paja y distinguir el presente protocolario del soborno o la mordida. Pero creo que en esa situación no estamos la inmensa mayoría de los empleados municipales.

Haber limitado el título y ámbito del Acuerdo objeto de estas líneas desde la Alcaldesa hasta los responsables de órganos directivos, dejando fuera los empleados públicos, hubiera sido un mensaje mucho más claro. Todo aquel que tenga por su alta responsabilidad trato con personas o empresas que pudieran conllevar la práctica de esos usos sociales y de cortesía deben tener presente lo dispuesto en el Acuerdo; el resto, simple y llanamente no deben aceptar regalo alguno. Cualquier otra cosa es abrir un amplio espacio a dudas y ambigüedades indeseables ¿Tendría que defender como algo dentro de los usos sociales al funcionario municipal que salió con un jamón bajo el brazo de un taller de reparación de vehículos del distrito, según me denunciaba recientemente (sin pruebas ni detalles alguno y, por tanto, con alto riesgo de ser falso) un colega suyo? ¿Ha de entenderse que entraría en los cánones de lo correcto que yo, Inspector de Consumo en Puente de Vallecas, pudiera recibir de cada comerciante del distrito con quien trato hasta tres regalos al año siempre que el importe de cada uno no supere los 50 euros?

Sinceramente, ni yo ni nadie de mi entorno con quien lo he comentado lo entiende. Algo no se ha hecho bien con este acuerdo, pese a las buenas intenciones que lo inspiran.

Julio Novillo
Inspector de Consumo
JMD del Puente de Vallecas