EL MUNDO

El sol que nunca se pondría en Madrid, ideado por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, ha acabado en los tribunales sin haber llegado a lucir. El Juzgado de Primera Instancia nº56 va a ser el árbitro que dirima la guerra abierta entre el Ayuntamiento de la capital y la UTE concesionaria de las obras inacabadas del Centro Internacional de Convenciones por las cuentas pendientes del proyecto fallido.

El Área de Gobierno Urbanismo y Vivienda sostiene que el dinero que le adeuda a FCC y Acciona, las empresas adjudicatarias de la construcción del edificio, es de 14 millones de euros. Esta cantidad se sumaría a las facturas por valor de 23 millones de euros abonadas desde que comenzaron los trabajos en noviembre de 2008 hasta ahora (serían 37 millones de euros en total).

El desfase con el dinero que, a su vez, está reclamando la UTE por la vía civil es más que abultado: el cálculo de las compañías es que el coste de los trabajos ya realizados es de 48 millones de euros y que, además, tienen derecho a una indemnización de casi seis millones de euros «por daños y perjuicios». En números redondos, 16.809.818 euros más de lo que están dispuestos a 'acoquinar' en el Palacio de Cibeles.

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