Dada la falta de previsión del Gobierno, el rechazo de las Comunidades Autónomas en hacerse cargo de los servicios hasta ahora municipales de Educación, Servicios Sociales y Salud y la protesta de gobiernos municipales, sindicatos y profesionales afectados el plazo de 31 de diciembre de 2015 se deja sin efecto, por lo que los ayuntamientos podrán seguir presupuestando y gestionando los servicios sociales, educativos y de salud que prestaban hasta ahora, y por lo tanto, manteniendo todos los puestos de trabajo.
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