El delegado de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Villalonga, escribió una carta al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el pasado 29 de enero para documentar lo que ya le había comunicado por teléfono: que la Fundación Madrid 16, creada en 2006 para impulsar la candidatura olímpica —y cuyo patronato presidía el antes alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón— pagó, “en concepto de donación”, 120.000 euros de fondos públicos en 2007 a la Fundación Deporte, Cultura, Integración Social (FDCIS), presidida por Diego Torres con Iñaki Urdangarin de socio. “Sin que se haya podido hasta ahora justificar a qué servicios corresponde el cobro de las citadas cantidades”, añadía la carta.

Villalonga se ha negado a hablar con EL PAÍS para explicar por qué envió la carta, y por qué a Torres-Dulce. La documentación pasó a la Fiscalía Anticorrupción, que la envió al fiscal balear Pedro Horrach. Este, junto al juez de Palma José Castro, que investiga el caso Nóos, volaron el 7 de febrero a Madrid, donde tomaron declaración dos días después como imputados a la antigua consejera delegada de Madrid 16 y exdirectora de Deportes del Ayuntamiento, Mercedes Coghen (dimitió en septiembre, alegando razones familiares); y a dos ejecutivos de ese organismo.

Urdangarin y Torres, con la ayuda del empresario Joaquim Boixareu y el abogado Ramon Bergós, montaron la fundación FDCIS en diciembre de 2006, apenas nueve meses después de que el Rey instara al duque de Palma a abandonar sus negocios, hasta entonces amparados por la fundación Nóos. Urdangarin queda malparado en esta nueva pieza porque se documentan más indicios para sustentar las acusaciones por supuestos delitos continuados, y se desmonta su tesis de que se apartó de Nóos en 2006.

El duque de Palma llevó a cabo, personalmente, un negocio con una institución pública año y medio después de que, en marzo de 2006, el Rey vetara su participación en la trama comercial de Nóos y, de manera especial, que trabara relaciones económicas con la Administración. Urdangarin, según las diferentes declaraciones judiciales recogidas, llamó a Coghen diciéndole que tenía una fundación y ofreciendo sus servicios; asistió a la reunión clave y advirtió, con Torres, que debía recibir una remuneración por ello. Los interlocutores le identifican como “cabeza visible”; además, se le da “valor” a “su doble condición de miembro de la Casa Real y de deportista olímpico”. Que en los Juegos de Pekín, la fundación Madrid 16 efectuó tareas de lobby con “la asistencia de los Principes de Asturias y también de Iñaki Urdangarin”.

La denuncia al fiscal general del Estado, con previa comunicación oral, es insólita. Villalonga entró en el Ayuntamiento de la mano de Ana Botella en enero de 2012 como delegado de Las Artes (no es concejal). El 17 de enero, recibió además las competencias de Deportes. Días después, Villalonga informaba a Torres-Dulce.

El convenio de Madrid 16 con la fundación de Urdangarin, firmado en octubre de 2007 con dos años de validez, es inconcreto sobre los términos de la colaboración. Más concretos son los pagos: 18 “donaciones” de 6.000 o 12.000 euros transferidas mensualmente entre el 31 de octubre de 2007 y el 24 de noviembre de 2009. “No consta que la FDCIS haya realizado servicios que justifiquen el cobro de las cantidades citadas, como así hace constar Fernando Villalonga”, señala el fiscal Horrach en su escrito al juez del pasado 4 de febrero.

Villalonga le pasó también a Torres-Dulce una “memoria” de cuatro folios escrita por Coghen el 2 de diciembre, de 2009 un mes antes de finalizar su trabajo al frente de Madrid 16 (en octubre, la capital había sido derrotada por Río de Janeiro) y ponerse al frente del área municipal de Deportes. Ese informe es calificado por el fiscal de “intento burdo de justificar a posteriori la entrega de dinero” (que ascendería, según ese papel, a 144.000 euros). En concreto, se alude a un acto en el Club de Campo, y a la presencia de consejeros asesores de la fundación de cuatro miembros del Comité Olímpico Internacional (COI). Villalonga explicó luego al juez que la memoria era el borrador de respuesta a una interpelación de UPyD que se produjo en octubre de 2012. Coghen, en cambio, dijo que fue un informe al entonces vicealcalde, Manuel Cobo, al salir en prensa informaciones al respecto.

El fiscal en su escrito “constata indicios de la presunta comisión de un presunto delito de malversación de caudales públicos”; solicita el secreto parcial de las actuaciones y que se tome declaración como imputados de Coghen y los otros dos directivos, y como testigo de Villalonga. Este señaló al juez que, “aparte de lo llamativo del nombre de una de las partes [Urdangarin], se trataba de un convenio que no fijaba cantidades ni prestaciones”, y no se halló “justificación de la realización de los servicios que correspondían a las facturas”, pese a la “búsqueda exhaustiva” que hizo.

Coghen declaró que “las labores de lobby sobre los miembros del COI se las comentaba Urdangarin verbalmente”, una labor “intangible y de difícil medición”. La fundación de Urdangarin pidió 10.000-15.000 euros al mes, pero Madrid 16 lo rebajó a “precio de mercado”: 6.000-10.000 euros, según los declarantes.

Fuente:El País