El dato lo publica un informe del segundo trimestre de 2013 emitido por la Intervención General sobre el Plan de Ajuste.
Un total de 172 millones es lo que lleva gastado el equipo de Ana Botella en el pago de sentencias, costas y recursos.

Así lo admite el propio Ayuntamiento en un informe del segundo trimestre de 2013 emitido por la Intervención General sobre el Plan de Ajuste que, en la práctica, mantiene 'intervenido' al Consistorio madrileño hasta el año 2022. Con ese dinero se podrían haber evitado la mayoría de los recortes en actuaciones de carácter cultural o económico, como por ejemplo en la Agencia para el Empleo.

(Fuente: Cadena Ser)

Se abonaron 95 millones con cargo a los Presupuestos de 2013. Otros 77 están pendientes de pago en el presente ejercicio. La mayoría de estos gastos obedecen al pago de sentencias como consecuencia de la demora en el pago a proveedores y otros gastos jurídicos por importe de 32 millones de euros. Además, 20 millones adicionales fueron para sentencias derivadas de expropiaciones y el resto para cuantificaciones de justiprecios solicitados por los propietarios.

Gabriel Calles, concejal del grupo socialista: "Es una vergüenza que una ciudad con la imagen como la que tiene Madrid esté en los tribunales cada dos por tres. Porque se va a los tribunales porque el ayuntamiento no cumple sus obligaciones con los proveedores, con los trabajadores y con los ciudadanos. No es un buen ejemplo y no da buena imagen para la ciudad de Madrid".

Solo en intereses de demora por el retraso en el pago a proveedores, el Ayuntamiento tuvo que abonar hasta mediados del año pasado 35 millones de euros. Un mal ejemplo, según el grupo socialista que reclama mayor claridad en las cuentas. "Ya está bien de utilizar otros poderes del estado para hacer artificios contables y lo que pedimos es que cuando hay una sentencia directamente se acate y no tengan que ir a los tribunales", afirma Calles.

El último ejemplo es el recurso contra la sentencia del TSJM que declaró no ajustado a derecho el ERE de Madridec. Una táctica dilatoria ya que nadie sabe quién será alcalde de Madrid cuando el Supremo finalmente se pronuncie.