El Tribunal de Cuentas considera que se podría haber producido “un menoscabo en el erario municipal” en el anterior contrato de concesión del autobús turístico de Madrid, que durante 10 años gestionó la UTE Madrid Visión. En un auto firmado el 18 de enero, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Tribunal considera que “de la documentación obrante” en las diligencias preliminares podrían deducirse “unas supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Madrid”. Lejos de ordenar el archivo del caso, como le pedía el Consistorio, el auto concluye que “se hace precisa una completa labor investigadora para aclarar los hechos”.

Fue una denuncia del grupo municipal de IU, presentada en septiembre pasado, la que puso en marcha la investigación del Tribunal de Cuentas. La formación solicitó a este organismo que fiscalizara las cuentas de la concesión, ya que consideraba que se habían producido “irregularidades” que habían hecho perder a las arcas públicas casi dos millones de euros. “Esta decisión confirma que teníamos razón cuando hicimos la denuncia política. Entonces el Ayuntamiento lo negó, pero ahora tendrá que demostrarlo”, asegura la portavoz de IU en el Área de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Raquel López.


El Tribunal reconoce que puede haber un daño al erario público y ha visto suficientes indicios como para querer investigar hasta el final. Nosotros hicimos nuestra labor y nos retiramos. Ahora es el momento de la justicia”, añade. El auto del Tribunal de Cuentas recoge que no ha recibido ningún escrito posterior a la denuncia de la formación, pero el organismo continúa con las diligencias.

Izquierda Unida basó su denuncia en un estudio financiero en el que concluye que durante los 10 años de concesión (entre 2000 y 2010) las arcas municipales dejaron de ingresar 1.977.470 euros. De ellos, 326.881 los atribuye al desfase entre la subida de tarifas y el canon (las primeras crecieron de media el 78,6% y el segundo, el 53,9%) y 1.485.840 euros a billetes para atenciones sociales del Ayuntamiento que no fueron justificados. El resto corresponde a errores de menor cuantía entre el cálculo de las tarifas y el canon.

El pliego de condiciones de la concesión recogía que la empresa entregaría 12.000 billetes al Consistorio para que este los repartiera en compromisos, visitas de operadores turísticos, delegaciones extranjeras... IU ha denunciado en plenos y comisiones durante meses que no consta en ninguna parte que Madrid Visión llegara a entregarlos. Una denuncia que también ha hecho el grupo socialista. El Ayuntamiento asegura que sí los recibió y que, además, el Consistorio no los vendía, sino que los regalaba, por lo que no ha lugar el menoscabo.

El auto del Tribunal de Cuentas recoge el contenido del escrito del fiscal, del 28 de octubre: “Manifestó que las presuntas irregularidades denunciadas” en relación con el “ingreso público” podrían suponer “un menoscabo patrimonial en los fondos públicos, susceptible de generar responsabilidad contable”. El consejero de cuentas que firma el auto propone “que se proceda al nombramiento de delegado instructor” para que practique las diligencias necesarias “para averiguar, aclarar y determinar, siempre con carácter previo y provisional, los hechos”. Si estimara que hay indicios de “responsabilidad contable”, procedería “a su cuantificación y a la fijación, en su caso, de los presuntos responsables”.

El Ayuntamiento siempre ha negado haber beneficiado a la UTE. “Nada de lo que dice el auto se sale fuera de lo normal en un procedimiento como este”, aseguró el concejal de Economía, Pedro Calvo. “El texto no entra a valorar nuestras alegaciones de fondo. Con ellas, demostraremos que tenemos razón y que no ha habido menoscabo de ningún tipo”, añadió.

Servicio rentable

Un informe económico, hecho público en noviembre por IU, asegura que el bus turístico generó unos ingresos de 5,3 millones y unos gastos de 2,7 millones durante los siete meses en los que la Empresa Municipal de Transporte tuvo que hacerse cargo del servicio por un retraso de la puesta en marcha del nuevo concurso.

“El servicio es rentable y por tanto debería ser comercializado por la empresa municipal para que los beneficios sean públicos y no se los lleve el sector privado”, aseguró Raquel López. El beneficio fue de 2,6 millones antes de impuestos.