El Gobierno de Castilla-La Mancha pagará, al fin, a todo su personal laboral –cerca de 7.000 personas- la parte de la paga extra de Navidad de 2012 que les suprimió ilegalmente, y que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) castellanomanchego ordenó devolver a instancias de CCOO y UGT. En total, supone la devolución de unos 2 millones de euros.

El Gobierno regional que preside María Dolores de Cospedal ha confirmado a CCOO que incluirá la devolución del dinero correspondiente a 44 días de la mencionada paga extra, junto a las nóminas del mes de febrero, que cada uno de los trabajadores laborales recibirán en los próximos días.

“CCOO celebra que por fin la Junta de Comunidades acate la sentencia y proceda a pagar lo que debe, aunque sea, como es habitual, por orden de los tribunales”, señala Carmen Juste, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Albacete. “Sólo los Tribunales están desmontando las tropelías que los Gobiernos Estatal y Autonómico están llevando a cabo contra los empleados públicos y contra los servicios públicos”.

De hecho, el Gobierno Cospedal se negó a negociar esta cuestión en la mesa paritaria, aunque “sabían que no llevaban razón, que tarde o temprano tendrían que devolver el dinero porque así se lo dirían los tribunales. Pero se quedaron con el dinero de los trabajadores como si fuera un préstamo sin intereses”.

“Ahora, queda por devolver el dinero a todo el personal funcionario. Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional nos de la razón y se declare definitivamente la inconstitucionalidad de la medida adoptada en 2012 por el Gobierno del Partido Popular y que supuso la eliminación de la paga extra de diciembre de 2012 a todos los empleados públicos de nuestro país”.

El TSJ de Castilla-La Mancha (TSJ) ha reconocido el derecho de todo el personal laboral de la administración autonómica, unas 7.000 personas en total, a cobrar la parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extra de Navidad del año 2012, que les fue suprimida íntegramente por el Gobierno Cospedal de forma ilegal.

“La sentencia dice que la Junta de Comunidades tiene que abonar la parte proporcional de la paga extra que nunca debió de quitarnos puesto que ese Real Decreto por el que el Gobierno de España suprimió la extra de diciembre a todos los empleados públicos del país, se publicó el 16 de julio y los devengos de las pagas extras en el personal laboral  de la Junta son del 1 de junio al 15 de julio”, explica Carmen Juste.

El TSJ indica que los trabajadores comenzaron a generar su derecho a la paga extra el 1 de junio y que el RD que la suprimía entró en vigor el 15 de julio, “sin que se le pueda atribuir al mismo carácter retroactivo”; y recuerda que, independientemente del momento en el que se produzca su abono efectivo, “las pagas extraordinarias constituyen un salario diferido devengado día a día”, por lo que cada día que transcurre “pasa a formar parte del patrimonio del trabajador como un derecho efectivamente consolidado”.