El número de recursos presentados ya ante las administraciones aragonesas podría rondar el millar. Europa reconoció el derecho a los laborales y un juez español acaba de extenderlo a los funcionarios.

Foto: Guillermo Mestre

Las administraciones aragonesas (autonómica, provincial y local) han recibido hasta ahora un auténtico aluvión de reclamaciones de funcionarios interinos que han sido cesados en sus puestos de trabajo tras finalizar sus contratos y que exigen una indemnización por despido. La cifra no se conoce con exactitud porque, según aseguran los sindicatos, empezaron a presentarse a principios de año con cuentagotas, pero en los últimos meses su cifra ha ido en aumento a raíz de las campañas de información que están llevando a cabo en los centros de trabajo los representantes laborales.

Aun así, el número de reclamaciones podría rondar el millar, ya que CGT asegura que ha planteado alrededor de 400 y CC. OO. calcula que lleva ya cerca de 300. A estas habría que sumar las presentadas por UGT (cuya cifra no pudo ser detallada ayer) y otros sindicatos y las que se han tramitado a través de despachos de abogados ajenos a las centrales.

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