60.000 funcionarios recuperarán la paga extra de 2012 en abril

El Ejecutivo regional autorizó ayer el abono de oficio de la parte proporcional devengada de la paga extraordinaria de 2012, suprimida ese año por un decreto del Gobierno central.

El Gobierno de Canarias autorizó ayer el abono de oficio a todos los empleados públicos autonómicos de la parte proporcional devengada de la paga extraordinaria de 2012 suprimida por el Gobierno de España.

(Fuente: eldía.es)

Los 60.000 trabajadores de la Administración canaria cobrarán la cuantía correspondiente junto con la nómina del mes de abril.

El Consejo de Gobierno definió el procedimiento que se llevará a cabo para proceder al pago, que requiere aplicar modificaciones presupuestarias para hacer factible el abono con cargo a los fondos que ya están reservados para este fin en el presupuesto de 2014.

El Ejecutivo estimó conveniente proceder al abono de oficio, tras el pronunciamiento favorable de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma solicitado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad tras conocerse el contenido de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dictada en el mes de diciembre.

La Sala de lo Social del TSJC en esta resolución reconocía a 7.126 empleados en régimen de personal laboral el derecho a percibir parcialmente la paga suprimida a todos los empleados públicos de España. La voluntad expresada públicamente por el Gobierno de Canarias siempre fue proceder a la devolución de esta parte devengada de la paga a todos los trabajadores de la Administración autonómica, ya que el Ejecutivo siempre entendió que el efecto retroactivo que el Gobierno de España aplicó a la medida no se ajustaba a derecho, aunque "la vigencia de una ley básica de obligado cumplimiento impedía hacer el pago hasta no contar con sentencia judicial aplicable en el ámbito territorial de Canarias".

El Gobierno considera que la sentencia del TSJC es "justa" y que la aplicación de su contenido a todo el personal de la comunidad autónoma, admitida por los Servicios Jurídicos y autorizada por el Gobierno de Canarias, evita la generación de desigualdades "injustificadas" entre los empleados públicos que se vieron igual de afectados por una decisión errónea del Gobierno de España.

Siendo este el criterio del Gobierno de Canarias, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2014 se consignó una cuantía suficiente para afrontar el pago parcial de esta paga, 28,3 millones de euros, previendo que algún tribunal dictara sentencia reconociendo este derecho a los empleados públicos en el ámbito autonómico.

 

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