El Consistorio leonés se convierte en uno de los primeros ayuntamientos que aplica un ERE utilizando el decreto ley que entró en vigor el pasado 12 de febrero.

Por esta vía, aduciendo causas económicas, prescindirá este año de 274 de los 1.700 trabajadores municipales, el 16% de la plantilla, con 20 días de indemnización por año trabajado.

Los ayuntamientos han comenzado ya a acogerse a las facilidades que les da la reforma laboral para ejecutar un despido colectivo. Con la nueva norma, si aducen nueve meses de insuficiencia presupuestaria pueden poner en marcha una regulación de empleo por causas económicas y despedir -sin autorización de la autoridad laboral- con una indemnización de 20 días por año trabajado.

El equipo de Gobierno, del PP, del Ayuntamiento de León comenzó ayer a negociar con el comité de empresa las condiciones de los despidos, dentro del plazo de 30 días que fija la ley como periodo de consultas. El Consistorio justifica el ERE en una deuda de 437 millones de euros, casi cuatro veces su Presupuesto (de 132 millones para 2012, que va a presentarse la semana que viene). La ciudad debe además 161 millones a proveedores, y tiene que hacer un ajuste de 50 millones al año, según el plan de ajuste que ha presentado al Gobierno de Rajoy para poderse acoger a la ayuda para pago a proveedores.

El Gobierno municipal, que asegura que se ha intentado -sin éxito- renegociar la deuda con los bancos, explica que los despidos no son la única medida gravosa que aplicarán a la plantilla: se rebajarán los sueldos a base de reducir complementos y pluses salariales.

El comité de empresa conoció los despidos por la prensa, se lamenta de que "las cosas no se han hecho por el cauce reglamentario" y desconoce el margen de negociación que tendrán con el ayuntamiento, que en el encuentro de ayer se limitó a informar de la contabilidad municipal.

El equipo de Gobierno y los sindicatos se reunirán a partir de ahora dos veces por semana; aunque el ayuntamiento reconoce que sólo reducirá la cifra de despidos- hasta un límite de 150 personas- a cambio de drásticas bajadas de sueldo, y no es negociable que las personas que se vayan al paro lo hagan con una indemnización que supere los 20 días por año trabajado.