Demasiadas han sido las ocasiones en que desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO del Ayuntamiento de Madrid se pidió respuestas y soluciones ante el Comité de Seguridad y Salud, tras conocer los casos de muerte por suicidio de compañeros policías. Desde noviembre de 2012, hemos expresado la necesidad de que se investigaran y desvelaran los motivos que pudieron llevarles a este fatal desenlace. En junio de 2013 solicitamos estadísticas, causas, incidencia y prevalencia para realizar un estudio objetivo de los casos y un mes más tarde, tras el silencio de la Corporación, volvimos a demandar información a los propios mandos para que también nos aclararan la normativa empleada en el manejo de armas y armeros, grado de cumplimiento, sensibilidad con el riesgo y respeto a los compañeros.

Sin embargo la omisión de información permanece, creciendo las dudas ante la manifiesta falta de transparencia y claridad sobre este delicado asunto que se debe acometer con nuestra participación y en la que tenemos mucho que aportar. No es conveniente que la alcaldesa siga añadiendo más presión sobre el colectivo de Policía Municipal al que se le pide que recaude más, imponiendo multas y sanciones, ni que se utilice como cuerpo represor de familias desahuciadas, enfrentándoles directa o indirectamente a la violencia física y verbal, a las agresiones de género, los robos y hurtos, el tráfico de estupefacientes, la vigilancia en centros escolares, en locales de ocio… y todo con medios precarios e insuficientes, pues tampoco se cubren las jubilaciones y se continua soportando la pérdida anual de poder adquisitivo y la supresión de ayudas sociales como el resto de la plantilla municipal.

En definitiva un cúmulo de circunstancias laborales denunciadas ampliamente, que contribuyen a incrementar negativamente sus factores de riesgo psicosocial y la Corporación lo sabe, pero ahora bajo el nombre de “alteraciones psicológicas de los agentes”, pretende trasladar el problema a un gabinete con un “dudoso” equipo profesional de intervención y de todo ello sorpresivamente nos hemos enterado por lo publicado en prensa.

Con el fin de arrojar algo de luz sobre el desbarro, nos ponemos en contacto con responsables en el Comité de Seguridad y Salud como  la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Seguridad y con el propio Servicio de Prevención que manifiestan desconocer dicho gabinete y nos preguntamos ¿de dónde parte tal medida?¿qué graves datos ocultos manejan para tomar ya esa unilateral decisión?¿cuáles son sus objetivos?¿con qué sindicatos han contado?¿quién validó la medida?¿a quién le pagarán y cuanto?¿cómo se ha decidido la cualificación y experiencia de los seleccionados?¿existe un procedimiento o método planificado?¿conocen la prohibición por Ley de cualquier tipo de actuación asistencial?.

¿Por qué se consiente que los mandos del “cortijo policial” sigan actuando al margen del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sin trasladarnos información previa sobre las medidas y decisiones a tomar en cuestiones que afectan a la seguridad y a la salud laboral?

El próximo 27 de noviembre se celebrará la Comisión Permanente del CSS y de nuevo desde CCOO hemos adelantado una consulta previa sobre el tema, que esperamos sea respondida en esta ocasión, para trasladar referencias objetivas y puntuales por su extrema trascendencia.